Aunque Puebla no se ubica entre los 10 estados con mayores niveles de extorsión, de manera preventiva, El Gobierno del Estado se suma a la campaña “Unidos contra la Extorsión” del Gobierno de la República que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, para frenar esta conducta delictiva.
El gobernador Alejandro Armenta consideró que pese a la entidad mantiene una disminución en los índices delictivos, gracias al trabajo articulado entre sociedad, las fuerzas armadas y los tres niveles de gobierno, la prioridad de su administración es la seguridad de todas y todos. Por ello, exhortó a la población a denunciar de manera anónima y confidencial en el número 089, para atender estos delitos.
El secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez, detalló que como parte de las acciones inmediatas contra la extorsión en Puebla, se creará la Unidad Estatal Antiextorsión, enfocada en investigación, reacción y atención a víctimas; se realizarán intervenciones en los centros penitenciarios para incautar equipos telefónicos; se firmará un convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera y el Instituto Federal de Telecomunicaciones; se capacitará a operadores de 089 en el manejo de crisis y canalización efectiva de víctimas; y se pondrá en marcha la campaña “Si contestas, ponte alerta”, para informar a la ciudadanía sobre la comisión de este delito.
El vicealmirante puntualizó que, en materia de prevención, se firmarán convenios con el sector privado para la difusión de medidas de protección; se capacitará a cajeros y personal bancario para prevenir depósitos a cuentas vinculadas a extorsión; se buscará sensibilizar a recepcionistas de hoteles para detectar señales de secuestro virtual y se promoverá la difusión de protocolos de autoprotección dirigidos a la ciudadanía, comercios y servidores públicos.
Finalmente, recordó que en el país ocho estados concentran el 66 por ciento de dicho delito y subrayó que la entidad poblana no se ubica en esos estándares, por ello trabajan con visión preventiva para anticiparse y proteger a la ciudadanía y sector productivo.
