Román Sánchez Zamora se reunió con integrantes del Sindicato del Transporte de Público en Puebla, afiliados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), para cambiar impresiones sobre la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el sector del transporte público.
Durante la reunión, Sánchez Zamora destacó que las empresas concesionarias, como las de transporte público, son sujetos obligados y susceptibles de ser auditados. Esto significa que deben cumplir con ciertas obligaciones y están sujetas a la revisión y supervisión de la Auditoría Superior del Estado (ASE), y el mecanismo puede darse a petición de parte.
Enfatizó la necesidad de implementar auditorías de desempeño de funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno. A fin de evaluar la eficiencia y eficacia de la gestión pública y detectar posibles irregularidades.
El académico habló sobre la importancia de la revisión del proceso de concesiones y estudios sobre el transporte público, por parte de la ASE. Para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos, esto también permitiría legitimar las decisiones del gobierno del Estado.
Sánchez Zamora estuvo acompañado por el secretario general del Sindicato de Transporte Público en Puebla, Israel Flores Pérez, y delegados sindicales de distintas regiones del estado, quienes manifestaron el trabajo que vienen realizando con la Secretaria de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla, Silvia Tanús Osorio.
Los transportistas agregaron que esta importante reunión demuestra el compromiso de los líderes sindicales con la transparencia y la rendición de cuentas en el sector del transporte público.
Sánchez Zamora abundó en que es indispensable contar con una Auditoría Superior del Estado (ASE) capaz de revisar que lo que existe en papel también exista de forma física y no sólo contable,por ello la propuesta de una Auditoría Itinerante y su sectorización.
Este alcance, explicó, no solo llega a nivel gubernamental, sino a las empresas que tienen servicios concesionados, como el caso de las concesiones como Agua de Puebla, que al contar con recurso publico puede ser revisada en su Responsabilidad Social. En este caso específico, mediante
el Código de Procedimientos Penales, para evitar un costo adicional, pero en caso necesario se logre fincar responsabilidades para resarcir el daño patrimonial que ocasione a los poblanos por las multas y cobros excesivos de un servicio deficiente.
De esta manera, con un diálogo constante y cercano a las distintas áreas gubernamentales y actores privados involucrados en los procesod, se podría ampliar el espacio público en favor de la sociedad, desde áreas técnicas, como la Auditoría Superior del Estado.
